DIALECTICA IDEOLÓGICA Y ENGAÑO HUMANO GENERAN PARCIALIDAD E INJUSTICIA
Madrid, Cundinamarca
Agosto 1 de 2025
Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez
“La justicia por definición es justa. Porque si no fuera justa sería injusticia”. Por eso acá lo que ha habido en el caso del Narcoestado vs. el ciudadano Álvaro Uribe es injusticia. Y “la injusticia es un antivalor que debe ser rechazado”.
“El aparato de justicia cooptado por sectores y actores políticos profesando ideologías, pierde objetividad, la capacidad de ser justo y toda respetabilidad”. Ahí es cuando la justicia se transforma en injusticia, como cuando se concede impunidad, lo que era ilegal se convierte en legal de manera consuetudinaria o por imposición de la fuerza.
“La justicia, la rectitud, la pulcritud, la ética y la verdad, el equilibrio son una sola cosa”. ¿Entonces qué es lo que en este fallo debemos respetar? “Para que un fallo sea respetado, tiene que ser justo. Se debe haber hecho justicia y no perpetrado una injusticia”.
Ahora resulta que la justicia es infalible como el Santo Padre, según la Corte por mera solidaridad de cuerpo, y según Cepeda, Montealegre y Petro por sus convicciones ideológicas. Entonces si la solidaridad se antepone a la plena prueba, ¿a dónde queda la verdad como esencia de la justicia? No es justo condenar a nadie sin plena prueba, desconociendo el principio de la presunción de inocencia.
Perdón pero nada tiene que ver el respeto a una justicia justa que se ciña al derecho, a lo que se pruebe en un proceso de manera objetiva, con las interpretaciones ideológicas y sesgadas que pasan por alto: la solicitud de archivar de la Procuraduría, múltiples testimonios bajo la gravedad de juramento, la temporalidad en el derecho y por ende el hecho de que nadie puede ser condenado por un delito que no cometió por aquello de que el derecho no es como la matemática donde el orden de los factores no altera el producto, y que evidentemente convierte el procedimiento legal en un enjuiciamiento viciado ideológicamente donde se traen elementos exógenos y visiones subjetivas de ideas preconcebidas de tipo político, como consideraciones de fondo en la evaluación del proceso.
Que la justicia sea operada por humanos no solo significa que se pueden equivocar, sino que tienen la discrecionalidad de hacerlo deliberadamente y de forma engañosa, y en esos casos debe ser la misma justicia y sus jerarquías en virtud de sus obligaciones constitucionales, la que se ocupe de corregir los errores humanos para que la justicia pueda ser respetada y acatada.
El respeto a las decisiones judiciales es una cosa, y nadie está tratando de desconocerlo, pero la verdad dentro de un proceso no puede sustentarse en elementos ajenos a la plena prueba ni en dialécticas y conjeturas ideológicas o subjetivas. La ley solo le confiere el juez la virtud de ser objetivo. El caso de Uribe es un linchamiento ideológico por parte de quienes nos quieren hacer ver a toda la sociedad, la impunidad como un acto de paz y no de violación de los derechos fundamentales de las verdaderas víctimas.
Hoy se dicta una sentencia pasando por alto la ilicitud de las pruebas presentadas por una nueva fiscalía ideologizada y politizada, en materia de responsabilidad, temporalidad, relatividad en la custodia de la evidencia, carencia de objetividad en la admisibilidad de testimonios y omisión a la presunción de inocencia frente a la ausencia de plena prueba ajustada, con apreciaciones circunstanciales subjetivas propias de ideas preconcebidas por parte de una juez que se sale de la valoración de la prueba en estricto derecho y antepone prejuicios propios o ajenos.
Con esta sentencia estamos convirtiendo en héroes de la patria y a cuenta de una justicia parcializada, a un puñado de criminales, sanguinarios y depravados, autores de más de 20,000 secuestros reportados, más de 40,000 niños asesinados, todos violados y abusados sexual, física y mentalmente para convertirlos en máquinas de la muerte en contra de la sociedad y el Estado que han considerado ilegítimo y ahora tienen la responsabilidad de conducir, a los responsables de miles de matanzas de civiles indefensos y soldados de la patria que han dado sus vidas por defender al pueblo, a los victimarios de millones de víctimas, causantes de irreparables daños económicos y de convertir en hilachas a toda una nación llena de gentes pacíficas, buenas, honestas y trabajadoras.
El que comete un delito tiene que responder, sobre eso no hay duda. Pero quien no lo ha cometido no puede ser sentenciado. Tampoco puede la justicia ajustar cuentas políticas por medio de un ajusticiamiento ideológico. En la Colombia del tal posconflicto los criminales reciben impunidad y los patriotas muerte a plomo o por medio de la dialéctica revolucionaria apoderada de la Justicia.
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