El valor de las obligaciones. ¡No es sujeto de derecho quien no cumple sus obligaciones!

Foto tomada de: Archivo personal

Hacienda Caballo Bayo
Noviembre 3 de 2019

Pensando en lo que está en juego y parece estarse perdiendo en una Latinoamérica, incendiada por una distorsión del concepto de libertad en libertinaje y por la mella del interés general a manos del irresponsable individualismo político, cavilo sobre el difícil momento de inconformidad social en contra de la conducción política, por el cual pasamos, y viene a mi memorias un antiguo adagio moro que leí hace muchos años en la herrería del campo de “Hermanos Baones” en Almonaster, la Real Provincia de Huelva:

“Por un clavo se pierde una herradura.

Por una herradura se pierde un Caballo.

Por un caballo se pierde un Caballero.

Por un Caballero se pierde una Batalla.

Y por una batalla se pierde un Imperio.”

Y es que lo que está en juego en Colombia, es nada más y nada menos, que como sociedad podemos perder la cultura de la legalidad y con ella el “Imperio de la Ley”.

Ojo vivo, no podemos pasar por alto que la vida en democracia y la cultura de la legalidad hacen relación al cumplimiento de las obligaciones ciudadanas. Perder el imperio de la ley es la renuncia forzada a vivir dentro de la legalidad. Representa allanarle el camino de la opresión de los violentos e implica que se pierda el sentido de la justicia y todo lo que ella significa dentro del pacto social de una nación. Colombia en sus 200 años de ejercicio democrático ha mantenido la libertad y el orden como los fundamentos que demanda el equilibrio propio de la separación de poderes, y con eso no se juega.

Convertir en legal lo ilegal es entregar a los injustos y violentos, la decisión sobre lo que es permisible y lo que no es, entre lo que es correcto y lo que es indebido, y la diferencia entre los corruptos y las personas honestas.

Colombia ha sido ajena a dictaduras, totalitarismos y represiones sistemáticas a los derechos humanos por parte de quienes conducen el estado. Nuestra nación ha resistido todo tipo de adversidades, pues llevamos décadas consintiendo y soportando los abusos de una cultura mafiosa que ha permeado todas las instancias sociales y de organizaciones criminales que se ocultan tras una máscara ideológica para delinquir y generar caos y anarquía como la forma más fácil de abusar sin riesgo, eludiendo la legalidad y sin tener que cumplir con ningún tipo de obligaciones.

Pensando en la razón por la cual nuestra sociedad camina por un sendero que solo conduce al caótico despeñadero por el cual ya se han rodado un buen número de naciones hermanas y vecinas, es importante comprender que mientras el derecho se fundamenta en obligaciones, hoy la gente solo piensa en la queja irracional y el reclamo de los derechos que consigna la cuestionable constitución garantista del 91, como si a la titularidad de todo derecho no antecediera el requisito necesario de haber cumplido los deberes.

 

La mediocridad es la madre de todo abuso e irresponsabilidad. Por ello olvidamos que solo somos sujeto de derecho aquellos ciudadanos que cumplamos primero con los deberes que nos dictan las normas, deberes que a su vez provienen de unos principios éticos y valores morales, que representan el fundamento de toda sana convivencia social enmarcada en el deber ser, el interés general y la diferencia entre las conductas admisibles y aquellas que la misma sociedad califica en su diario vivir y en su legislación como indebidas e ilegales.

El negocio de la droga ha hecho que se corroan los valores y que nuestra sociedad, incapaz de señalar y castigar, esté pasando por el momento más crítico y por la prueba de unidad más grande a lo largo de toda su existencia. Está en cada persona de bien, pensar en la unidad y el respaldo a un gobernante bien intencionado y honesto en su proceder. Está en cada uno de nosotros, no permitir que sean las minorías manipuladas por corruptos y delincuentes, las que nos lleven al fracaso como le ha ocurrido a Venezuela o que no entremos en el retroceso y el empobrecimiento institucional, físico y cultural que observamos en Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Argentina y Uruguay.

Es el momento para que nuestra dirigencia piense en cuales son sus obligaciones y las cumpla responsablemente. Es necesario que entendamos que tenemos que defender la legalidad, el imperio de la ley, que no podemos ir a la batalla contra la destrucción, con los clavos sueltos y en un caballo descalzo, que hay que exigirle a la justicia que cumpla con su obligación constitucional antes de jugar con la peligrosa claudicación del debido ejercicio del derecho ante la presión de las fuerzas criminales que, tras la excusa ideológica, esconden un accionar corrupto y violento.

La libertad de un pueblo, la de cada individuo, es más importante que el componente oscuro que guarda la fuente en el ejercicio de la libertad de prensa. Los abusos de la libertad de expresión no puede ser la excusa con la cual, tras la anarquía discurra el populismo y tras este lleguemos al totalitarismo.

Algunos dicen que no tenemos rumbo. Qué más rumbo que un liderazgo del Estado en función del desarrollo fundamentado en tres conceptos elementales; la cultura de la Legalidad, la promoción del Emprendimiento, y la búsqueda de una mayor Equidad en nuestra sociedad.

Este es el momento en el cual, los ciudadanos respaldados por los líderes gremiales, los grandes empresarios, los líderes religiosos, los líderes de los partidos políticos sin brazo armado, deben hablar y concertar en defensa de la legalidad. Es el momento para que los dueños de los medios de comunicación y quienes los operan y los utilizan diariamente, piensen por un momento en sus obligaciones como personas, como ciudadanos, como profesionales y como miembros de familia, para que en lugar de promover un desbocado libertinaje, se ejerza con responsabilidad la debida función editorialista que evite la irresponsable apología del delito, que puede ser la llama que incendie la cultura de la legalidad y acabe con el imperio de la ley en Colombia, a manos del incumplimiento de las obligaciones ciudadanas.