¿Presenciamos el primer enjuiciamiento revolucionario en Colombia?

Madrid, Cundinamarca

Octubre 22 de 2024

El poder en manos de lo ilegítimo – 

Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez

Justo cuando la era del conocimiento y la convergencia digital le ofrecen a la humanidad más oportunidades de transformación efectiva, aquí seguimos con la maña de convertir todo lo ilegal en legal, y nos alineamos con las naciones parias en un mundo polarizado por una lucha acrecentada entre el bien y el mal; donde el mal está armado, es violento y se apalanca en el narcotráfico y el terrorismo, y la mayoría de los líderes que se deben al bien, están atrapados entre inoficiosas divagaciones ideológicas de izquierda y derecha, la cobardía de un discurso políticamente correcto e intereses individualistas e inmediatistas.

Los países se desarrollan cuando las naciones se educan y trabajan, no subsidiando el facilismo y la violencia. La civilización occidental parece haber relajado sus resortes éticos, morales e institucionales ante ideologías oscuras, falaces y lisonjeras como la imposición disfrazada y predominante de un progresismo globalista, impulsado por el multilateralismo y apuntalado en la imposición de las agendas minoritarias a la gran mayoría, por medio de cambios constitucionales o acciones de facto de los gobiernos de los países que abrazan los lineamientos del socialismo del siglo XXI y que esclavizan sus pueblos sumiéndolos en la miseria de sus debilitadas democracias.

Bajo la dialéctica de culpar a los demás del mal proceder propio, la regla es que los pájaros “matan” las escopetas, que pagan justos por pecadores, que el caos y los escándalos de corrupción son el circo y el pan de cada día que, las dictaduras regionales posando de democracias, le avientan al pueblo por medio de la dialéctica demagógica populista, desde el balcón mediático de los engaños.

Siempre existieron alianzas oscuras y poco notorias entre la política y un crimen organizado que era mucho más incipiente, no las excuso, pues nos llevaron a donde estamos. Pero la ley contaba con la fuerza coercitiva de la justicia y eran condenados social, política y penalmente la gran mayoría de los descarrilamientos, con excepciones de conveniencia.

En el caso colombiano, sin desconocer los injustificables errores y las injusticias del pasado propios de otras circunstancias, a fuerza del trabajo y honradez de las mayorías se vieron superadas muchas equivocaciones políticas con los niveles de desarrollo alcanzados, por una estabilidad democrática inquebrantable, una clase media creciente y un manejo ortodoxo de la economía, que hoy lamentablemente no existen.

Santos institucionalizó la ilegalidad, cuando le abrió la puerta de la cocina a todo el crimen organizado narcoterrorista disfrazado de progresismo y salió a echarle la culpa de todo, a quien lo llevó al poder confirmando aquello de que, “mal le paga el diablo a quien bien le sirve”. 

Tan perversa, como el mote de “Uribe paraco” a quien encarceló un paramilitarismo que hoy rebrota con el intercambio de sombreros vueltiao, fue la Santa estrategia propagandística de convertir a Uribe en el diablo, para así entre hermanos, ñaños, siervos y gotereros, poder pecar.

El juicio a Uribe no es sólo a la persona de Álvaro Uribe. Es la forma de ajusticiar todo lo que él representa para para las democracias hemisféricas. Se trata del primer juicio revolucionario que se desarrolla en Colombia, y está libreteado desde lo más profundo y lo más oscuro que se ha infiltrado en todas las ramas del poder del Estado.

Si desde la sociedad civil democrática y la institucionalidad privada no logramos defender todo aquello que ha significado Uribe en lo que va de este siglo, no hay la mínima posibilidad de una elección limpia, justa y equilibrada en 2026. Sobre eso no tengan duda, como no hay duda de que la elección del 2022 nos dejó un gobierno ilegítimo, pero que, al correr la línea ética el progresismo lo pasó de ser un hecho doloso, al plano revolucionario que siempre ha desconocido la legitimidad del Estado, la Constitución y las leyes, y por tanto se ha sentido con derecho a la insurgencia con estatus de beligerancia y derecho de rebelión.

Esa insurgencia revolucionaria que hoy utiliza todas las formas violentas físicas y verbales es algo que opera desde adentro de todas las ramas del poder público. Como explica un gran constitucionalista: “Hoy se subvierte el Estado desde dentro”.

El apaciguamiento político es amoral por definición. Aquí las desmovilizaciones de terrorismo son de mentiras, está confirmado por el incremento de la inseguridad, la violencia y la degradación de la coercibilidad de la ley. Y gran parte de la directiva gremial del país lo suscribe con su ética averiada. Tan culpable es “el que peca por la paga como el que paga por pecar”, y no menos lo es el que empeña sus principios para llenar su propio costal.

Nacimos como una sociedad minera y si queremos transformarnos debemos aprovechar esa riqueza minero-energética, no es un tema ideológico es un asunto de tiempo, y la pregunta es si lo continuamos haciendo ilegalmente y devastando el medio ambiente, o nos ponemos el reto de hacerlo de forma tecnificada y con la debida mitigación, compensación e inversión social.

Bien saben los revolucionarios que las ciudades no viven sin el campo, que la fuga de capitales no puede llevarse la tierra ni los semovientes para otras geografías, y que los países no se transforman ni trascienden si no explotan debidamente sus recursos naturales, mientras la ciencia y la tecnología nos llevan producir con qué pagar el alto costo de ser una sociedad del conocimiento.

Por eso se están creando soberanías especiales dentro de la soberanía. Jurisdicciones especiales en paralelo a una justicia ideologizada por plata y permisiva con el delito. El desgobierno está generando injusticia, impunidad, caos y más desigualdades frente a la ley, amplificando aquello de que: “la ley es para los de ruana” e instaurando dos tipos de ciudadanía: la delincuencial de mejor derecho, y las mayorías que pasaron a ser de menor derecho ante las causas minoritarias convertidas en banderas políticas multicolores.

Cada que, por acomodarnos a circunstancias coyunturales, caprichos vanagloriosos de un gobernante en negociaciones inertes con el narcoterrorismo o para generalizar una agenda minoritaria, dejamos de lado el Estado de Derecho, estamos sacrificando libertades democráticas en favor del engaño del libertinaje progresista aliado con la careta revolucionaria del narcoterrorismo, y le abrimos un hueco a la constitucionalidad que soporta el pacto social.