Somos una sociedad Narcotizada que ha caído en el remolino que representa la ambigüedad en los principios y el fango de la indiferencia.

Para que los gremios sí no defienden decidida y abiertamente, ni la institucionalidad democrática, ni el sistema de libre empresa ni a los líderes que han facilitado nuestro desarrollo socio-económico?

Parece que los gremios no son políticos sino para defender el bolsillo y no los principios. 

Cuando acuñamos de forma inconsciente como expresión vulgar el término “conflicto armado”, en estricto derecho internacional, nosotros mismos estamos desconociendo la legitimidad de nuestra democracia que tiene más de 200 años. Estamos vulnerando la legitimidad del estado gendarme que representa la salvaguarda de una constitución y un pacto social democrático. 

Admitir un Conflicto armado, tiene un efecto adverso, en derecho internacional, concede “estatus de beligerancia” a grupos del crimen organizado alzados en armas contra el estado que representa legítimamente la sociedad.

Conflicto armado y estatus de beligerancia a partir del cual estas organizaciones ilegales y sus cajas de resonancia ideológica, reclaman el “derecho de rebelión”, y como si fuera poco, sobre esta secuencia de pensamiento, es que edificaron en Cuba la teoría de la “conexidad de delitos” mediante la cual consiguieron la impunidad a sus crímenes de lesa humanidad, y lograron  blanquear al narcotráfico, asegurando una doble garantía de impunidad a la principal fuente de financiación de sus actividades terroristas y subversivas. 

Qué dice la ANDI y ANALDEX sobre la JEP?  

Por qué callan? 

Señores hay un propósito marcado de volver a escribir la historia con cifras acomodadas a una nueva verdad que se le quiere imponer al país bajo el sesgo político subversivo, desde algunos medios, estrados judiciales y algunos butacas parlamentarios. 

Llevan uno a uno sectores críticos de nuestra producción exportadora a una falsa realidad histórica que los quiere asociar al paramilitarismo y a una versión embustera y acomodada de la defensa física e institucional que han hecho las Fuerzas Armadas de las gentes de bien de esta nación, de la instituciones del país y del maltrecho estado de derecho colombiano, hoy aturdido por una sociedad narcotizada que, intimidada o alcahueta, parece que se avergüenza y no es capaz de reclamar y exigir una verdadera y auténtica cultura de legalidad.