El significado de 200 años de convivencia en democracia.

Foto tomada de: Internet

Hacienda Caballo Bayo
Enero 1 de 2020

Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez

Si hay algo que no valoramos pero que nos distingue como Nación en toda esta Latinoamérica turbulenta, es la fortaleza de haber mantenido la continuidad de una democracia de 1820 hasta el 2020.

La Nación colombiana es diversa, su geografía es difícil, somos el trópico, las costumbres y los usos cambian de una región a otra, pero somos una mezcla racial, social y económica sólida, que ha sabido desde su independencia mantener los valores de una legalidad soportada por instituciones democráticas que se remiten al debido equilibrio de los principios esenciales de libertad y orden dentro de una convivencia republicana.

Pero el compromiso debe ser de todos, y hoy más que nunca, si queremos seguir viviendo en una democracia, tenemos que cuidarla, y trabajar unidos para construir un mejor futuro.

Si queremos cambios positivos en materia de desarrollo y crecimiento, es nuestra responsabilidad ser conscientes de todo lo que hemos evolucionado como Nación en estos 200 años, y de la importancia de continuar en el camino del progreso y el desarrollo económico sin erosionar los valores democráticos.

Los individuos siempre queremos que la conducción del estado la realice un héroe genuino que asuma todas las responsabilidades, de manera que se nos permita vivir cada vez mejor sin involucrarnos en la política, y normalmente si algo no va bien, queremos tener a quien echarle la culpa. Así las cosas, críticos y ciudadanos nos quejamos casi que por sistema diciendo: “Claro, es que este gobierno... es que lo que el presidente tiene que hacer esto o aquello”.

Pero desafortunadamente la vida no es así de simple. De la misma forma en que un individuo para ser exitoso tiene dedicarse a vivir y obrar correctamente, el compromiso con el colectivo no debe ser menor en materia de obligaciones cívicas.

Enseñaba el maestro Jairo Escobar Padrón, que: “A todo derecho lo antecede una obligación”. Es simple, antes de reclamar o criticar debemos preguntarnos si nosotros estamos obrando de manera correcta y constructiva y si valoramos o no el grado de libertades que nos proporciona la convivencia democrática. De lo contrario, por muy válido que sea el derecho a la protesta social, no deberíamos tener derecho a quejarnos y a reclamar derechos de manera sistemática.

Los ciudadanos que respetan y cumplen con la legalidad tienen derecho a exigirle objetivamente al gobierno, eso es sano, conveniente, productivo, necesario si se hace con el ánimo de construir y no de destruir. Y entonces, presidente, ministros, directores, gobernadores y alcaldes, deben cumplirle a la ciudadanía como colectividad, sin favorecer intereses particulares y por fuera de la contienda ideológica y de promesas miles que supone la época de campañas.

Gobernar es dirigir, administrar y controlar una colectividad, es crear y ejecutar políticas públicas, facilitar el desempeño de las personas y los negocios implementando soluciones a los problemas. Gobernar es cosa muy diferente a la actividad política electorera y al ejercicio de la oposición con intenciones de saboteo.

De la misma forma objetiva que se le debe criticar positivamente a un gobernante, nuestra sociedad debe aprender a exigir corrección desde las instancias del poder capitalino y desde las regiones. Debe aprender a exigirle corrección a los parlamentarios. Debe la sociedad desde todas sus organizaciones y estamentos, exigir a las cortes y a los jueces que de ellas dependen, que asuman conductas afines al interés general y al bien común, como ocurre en las sociedades civilizadas.

Está en nuestras manos no dejar que el apetito clientelista parlamentario secuestre nuestra economía, debe el sector privado y sus instituciones apoyar al gobierno en la implementación de la ley de financiamiento. La sociedad, todos, no debemos permitir que las personas que tienen la responsabilidad de informar suplanten la justicia y menos que condicionen política o ideológicamente por anticipado su compromiso con la verdad.

La democracia, debe tener como referencia la garantía de los derechos con las obligaciones cívicas que los habilitan y las libertades que consigna sin que estas se conviertan en libertinaje y vulneren los valores que consignan los pactos sociales de las naciones que la eligen como forma de convivencia, pero las democracias deben evolucionar positivamente en la medida en que el mundo avanza impulsado por las comunicaciones y la tecnología.

Es necesario analizar los problemas y las degeneraciones que se presentan en el ejercicio de la democracia contemporánea y establecer correctivos de manera que no se rompa su continuidad, como le ha ocurrido a la gran mayoría de las naciones de nuestro hemisferio que cíclicamente han oscilado entre anarquías y dictaduras sin lograr la estabilidad democrática que han tenido Colombia o los Estados Unidos desde su fundación.

A manera de ejemplo digamos que, no es correcto, justo, ni sano, y constituye una falla grave que quienes ejerzan la titularidad de las entidades de control que se suponen garantizan el funcionamiento equilibrado de las ramas del poder público, utilicen sus posiciones como trampolín para sus aspiraciones personales de ocupar cargos de elección popular, o para escalar pasando posiciones de responsabilidad una rama a otra.

Tampoco es correcto que estos funcionarios ni los que ejercen en la rama jurisdiccional estén opinando o pasando información a los medios de comunicación en lugar de restringirse a manifestarse por medio de autos, laudos o sentencias.

Ni es correcto que en lugar de informar sobre las conductas ilícitas del crimen o de quienes operan por fuera de la legalidad, quienes tienen la misión de informar a la sociedad, se dediquen por moda a prejuzgar, juzgar y condenar públicamente, día tras día a los funcionarios públicos que, como cualquier ciudadano, gozan de presunción de inocencia hasta tanto no sean acusados, investigados y juzgados de acuerdo con los procedimientos que establece la ley.

De igual forma no es correcto que el ejercicio de la función de oposición política parlamentaria, el de la misma justicia o el de la administración del Estado, se realice casi que sistemáticamente en función de conseguir beneficios, concesiones clientelistas o contratos estatales.

El monopolio de la justicia y de las armas debe ser del estado y debe ejercerse bajo criterios netamente objetivos, sin bandera ideológica ni partidista. Y por ello, a pesar de los altos niveles de criminalidad y corrupción que ha tenido que enfrentar Colombia en las últimas décadas, otra de las virtudes de la democracia colombiana ha sido el contar con unas fuerzas armadas respetuosas de la democracia y de la división de poderes del Estado.

Es asunto de todos los colombianos, construir hoy las bases para poder convivir al menos otros 200 años en una sociedad libre y democrática.