Digámosle a las cosas por su nombre

Ex Presidente Alvaro Uribe - Presidente Iván Duque. Fuente: Internet.

Por: Luis Guillermo Echeverri Vélez


La gran mayoría de las figuras públicas nacionales luchan por figuración y poder, en función de su vanagloria y lucro personal a cuenta de artimañas, mentiras y engaños a la sociedad. Sin embargo, hay unas pocas personas que sí son realmente importantes para la sociedad y que dedican su vida al servicio público con convicción por el interés general y el bien común.

Digámosle a las cosas por su nombre. La ideología que practican con rigor y decisión de servicio al país los presidentes Uribe y Duque consiste en una administración justa, equilibrada del Estado, liderando con ejemplo sobre valores democráticos, conducida de forma profesional, eficiente y efectiva, en función del desarrollo económico y social, basada en legalidad (seguridad y justicia), emprendimiento (seguridad jurídica, económica y a la inversión que genera empleos, riqueza y una clase media sostenible) y equidad (el resultado de todos los servicios del Estado y los particulares, en función de una mejor calidad de vida y un futuro sostenible y feliz para toda la nación).

La seguridad democrática se compone de 5 elementos básicos: seguridad física para todos los ciudadanos, cohesión social, libertades y garantías sociales, transparencia en la administración pública y, finalmente, independencia de poderes.

Las extremas se nutren una de la crítica a la otra, se necesitan y dependen una de la otra para poder medrar de su nefasta obsesión por el radicalismo.

Uribe y Duque son demócratas integrales, defensores de la libertad y el orden, de la austeridad y la responsabilidad que demanda el manejo de la cosa pública.

Ambos han combatido el crimen en todas sus manifestaciones. Empezando por el paramilitarismo, las guerrillas y todo tipo de bandas y organizaciones criminales, terrorismo, narco terrorismo y a todos los que se valen de ideologías políticas extremistas o asociadas a condiciones humanas para timar y destruir física e ideológicamente los recursos físicos económicos y naturales y la moral y la ética de la nación y el estado colombiano.